El 9 de mayo de 2012, el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Identidad de Género -la número 26.743- y colocó a la Argentina a la vanguardia en ampliación de derechos y legitimando a la comunidad travesti trans como un nuevo sujeto político en la agenda pública.
Esta ley significó la conquista de derechos fundamentales para un colectivo históricamente vulnerado, perseguido y con un promedio de edad que no supera los 35 años. Además, tuvo la particularidad de haber sido elaborada y discutida por el activismo, las organizaciones y la militancia travesti trans, lo cual constituyó un punto clave para alcanzar un alto estándar en derechos humanos.
Los tres ejes más sobresalientes de esta ley son: el reconocimiento de identidades de género autopercibidas; la responsabilidad del Estado para resguardar el acceso a la salud integral de las personas travestis y trans; y el derecho al trato digno, contemplando especialmente a niños y adolescentes, en los ámbitos públicos y privados.
La Ley de Identidad de Género (LIG) permite el reconocimiento de la identidad de género autopercibida en el Documento Nacional de Identidad a través de un trámite administrativo, donde lo único determinante para acceder al derecho es la expresión de la voluntad de cada persona, sin intervenciones judiciales ni médicas. Desde su sanción, más de 10.000 personas trans accedieron al reconocimiento de su identidad en el DNI.
